Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero presentaron sus pruebas de defensa ante la Comisión Instructora, que definirá su situación legal este viernes 31 de julio.
El proceso para determinar si los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván perderán el fuero constitucional entró en una etapa crucial. La Comisión Permanente Instructora del Congreso de Veracruz citó a ambos presidentes municipales para comparecer este jueves 30 de julio, donde podrán presentar de manera presencial sus pruebas y alegatos antes de que se elaboren los dictámenes que serán sometidos a votación del Pleno.
Los ediles involucrados son Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, ambos postulados por Movimiento Ciudadano (MC), quienes enfrentan solicitudes de declaración de procedencia promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Audiencia será el último paso antes del dictamen La comparecencia representa la última oportunidad para que los alcaldes expongan directamente su defensa ante los integrantes de la Comisión Instructora.
Tras concluir las audiencias, los diputados analizarán toda la documentación presentada por la Fiscalía y las defensas para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para recomendar al Pleno del Congreso el retiro de la inmunidad procesal de ambos funcionarios.
En caso de emitirse un dictamen favorable, éste será discutido por el Pleno del Congreso, que deberá constituirse en Jurado de Procedencia.
¿De qué se acusa a cada alcalde?
El caso del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, está relacionado con la investigación por la privación de la libertad y homicidio de la periodista Roxana Guzmán. La Fiscalía sostiene que existen indicios que lo vinculan como presunto autor intelectual del crimen, mientras que el edil ha rechazado categóricamente los señalamientos, asegurando que nunca conoció a la comunicadora y que las pruebas presentadas en su contra carecen de sustento.
Por otra parte, Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, enfrenta un procedimiento derivado de la investigación por la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López, ocurrida en mayo pasado en Barra de Chachalacas. Las autoridades ministeriales buscan que pueda ser investigado sin la protección del
fuero constitucional.
¿Cómo funciona el procedimiento de desafuero?
La declaración de procedencia no representa una sentencia ni implica automáticamente una orden de aprehensión.
Su finalidad es determinar si un servidor público puede ser sometido a un proceso penal sin la protección del fuero constitucional. En caso de que la Comisión Instructora considere procedentes las solicitudes, corresponderá al Pleno del Congreso decidir mediante una votación calificada.
La legislación veracruzana establece que el desafuero únicamente puede aprobarse con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes. Si no se alcanza esa mayoría, los alcaldes conservarán el fuero mientras permanezcan en funciones,
aunque las investigaciones penales continuarán su curso.
Movimiento Ciudadano denuncia persecución política
El avance de ambos procedimientos ha intensificado el debate político en Veracruz.
La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano ha sostenido que existe una persecución política contra sus alcaldes y ha solicitado que las investigaciones se desarrollen con imparcialidad y apego al debido proceso.
En contraste, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, ha rechazado dichos señalamientos y afirmó que el Congreso únicamente da trámite a las solicitudes presentadas por la Fiscalía conforme a lo
establecido por la ley, subrayando que retirar el fuero no equivale a declarar culpables a los funcionarios, sino a permitir que enfrenten las investigaciones en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano.
¿Qué sigue?
Las comparecencias programadas para este jueves marcarán una de las etapas más importantes del procedimiento legislativo. Posteriormente, la Comisión Instructora elaborará los dictámenes respectivos, los cuales serán enviados al Pleno del Congreso de Veracruz para definir si los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván conservan el fuero constitucional o quedan sujetos a proceso penal sin esa protección.
Fuente: Diario del Istmo